Familiares de víctimas de falso enfrentamiento en la Rinconada de Maipú, piden a TVN que se responsabilice del montaje noticioso que realizó en su informativo central.

 

collage gallardo

Los familiares de Alberto Gallardo ,Catalina Gallardo y Mónica Pacheco (imagen)  víctimas de un falso enfrentamiento que montaron los servicios de seguridad de la Dictadura  y que los periodistas de TVN en la época, Julio López Blanco y  Roberto Araya Silva ,”reportearon” y emitieron la “noticia” en la edición del 19 de noviembre de 1975 en el informativo central de las 21.00 horas “60 minutos”, solicitaron  al canal estatal  disculpas  públicas  y una declaración de responsabilidad en el sentido que eso fue  también un montaje noticioso.

Exigen que la nota emitida en el edición de “60 Minutos” del día 19 de noviembre de 1975, sea emitido y luego se  hagan las aclaraciones respectivas y se ofrezcan las disculpas correspondientes.

Abundantes antecedentes existen sobre el caso que se encuentra en el informe Rettig y dio origen a un proceso según el cual, el Periodista  Roberto Araya Silva fue condenado por la justicia ordinaria y sancionado con la expulsión por parte del Colegio de Periodistas.

La Nación Domingo, en su edición del 15 de junio  de 2003, publicó un reportaje del periodista Jorge Escalante , que resume  uno de los tantas violaciones de la Dictadura, que tuvo como escenario  el sector rural de la comuna en la  La Rinconada.

Además ,otros antecedentes los puede leer en los siguientes links

https://archivosradioeme.wordpress.com/2012/02/04/procesan-a-ex-periodista-de-tvn-encubridor-de-falso-enfrentamiento-en-la-rinconada-de-maipu-en-1975/

http://www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/gallardo.htm

 


“Seis muertos en falso enfrentamiento filmado por Julio López Blanco en 1975”.

El montaje de Rinconada 

Un ex agente DINA afirmó que los seis cuerpos fueron llevados a Rinconada de Maipú ya muertos desde Villa Grimaldi, y sostiene que el montaje fue filmado en 1975 por el periodista de TVN Julio López. Sin embargo, él lo niega y “no recuerda” haber realizado ese registro.

 

“El ex agente de la DINA asomó la cabeza por una ventana del patio y con cara extrañada dijo “¡ya voy!”. Dos jeans raídos cuelgan de un cordel al sol. En pantuflas, short y con la boca casi sin dientes y chueca por una parálisis facial que también le achicó un ojo, salió al patio y abrió el portón. Ningún perro ladró en la humilde casa.
-Así es, a ellos los mataron en Villa Grimaldi y muertos los sacaron al falso enfrentamiento. Sí eso lo filmó el periodista López Blanco, oiga, pregúntele a él, que siempre sabía todo. Eso ocurrió en Rinconada de Maipú en 1975- fue su respuesta.
Cuando el juez le preguntó el 1º de agosto de 1992 a López por su filmación, éste le respondió “por el tiempo transcurrido no me acuerdo haber efectuado reportajes en ese lugar (…) al pasar del tiempo uno se olvida”.
Pero la cinta existía y el juez Lientur Escobar -hoy fuera del Poder Judicial- lo sabía porque así se lo había asegurado en un oficio el 17 de diciembre de 1991 el director ejecutivo de TVN, Jorge Navarrete: “La nota sobre los hechos se registra y tiene una duración de 2 minutos 50 segundos”, respondió Navarrete al juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, quien instruía un proceso por querellas interpuestas por familiares de las víctimas de Rinconada, o de Villa Grimaldi.
El juez, de hecho, vio la cinta y transcribió su contenido. Según consta en el proceso, el relato del “enfrentamiento” lo hizo Julio López Blanco desde el lugar de los hechos.
Cuando conversamos con el periodista Julio López Blanco, éste mantuvo sus dichos: “No, yo no me acuerdo de esas cosas, han pasado treinta años, de hecho me han llamado un par de veces a declarar, no, no me acuerdo (…) yo era el conductor del noticiario y casi no salía a reportear, muy poco”.
La cinta, en tanto, no pudo ser ubicada por La Nación Domingo en los archivos de la red pública, pese a que el juez la vio en Televisión Nacional en 1992.

CRIMEN ENCUBIERTO
En hora clara del 19 de noviembre de 1975, seis cuerpos fueron sacados desde el recinto clandestino de la DINA Villa Grimaldi en avenida Arrieta, y trasladados hasta los cerros de Rinconada de Maipú al sur de Santiago. En el lugar funcionaba a la fecha la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINA y su Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), terreno que hoy pertenece a la Universidad de Chile.
El crimen masivo fue encubierto, según el ex agente, como “un enfrentamiento”, como lo informó oficialmente el mismo día la Dirección de Informaciones del régimen en un comunicado difundido al día siguiente en la prensa escrita.
Parte de las aseveraciones que el ex agente hizo a La Nación Domingo aparecen corroboradas en un informe sobre los hechos del 16 de abril de 1991, dirigido al juez Escobar, firmado por el entonces jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Contreras. “Testigos señalan haber visto en la mañana del 19 de noviembre varios cadáveres en Villa Grimaldi, entre ellos los de dos mujeres”.
El ex agente, un suboficial retirado, es hoy un hombre abatido por la vida, pobre y en malas condiciones físicas, como muchos de aquellos que entonces no tenían grado y obedecían a ciegas.
Su chapa era “Hernán Galleguillos” y operaba en uno de los múltiples grupos “con nombre de pájaro”, como él dice, que trabajaban para la DINA. Su nombre real nos lo reservamos, exclusivamente, porque algunos como él, que hoy están colaborando con la justicia, son amenazados y hostigados por quienes tienen interés en que no rompan el juramento del silencio.

EL RELATO DEL JUEZ
De acuerdo con los antecedentes que existen hasta ahora en la investigación judicial, sobre el hecho sólo se realizó la filmación de López Blanco para televisión nacional. Una de las víctimas previamente asesinadas en Villa Grimaldi donde mandaba “El Ronco” Moren Brito, jefe del lugar y hombre fiero y cruel según múltiples testimonios de sobrevivientes, estaba embarazada de tres meses según la autopsia. Era la profesora Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años.
El 15 de diciembre de 1992, el juez llegó a TVN a buscar una copia de la filmación. En su informe sobre el contenido expresó: “La filmación fue transmitida en aquella época por el periodista Julio López Blanco (…) La filmación se hizo en Rinconada de Maipú en noviembre de 1975”.
“Se ve un pastizal, el cordón del micrófono de TVN. El periodista está de terno, es día de sol. El periodista recoge vainillas del suelo. Dice: “aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento´. El periodista señala la ‘exterminación de grupúsculos cercados por agentes de la DINA’. Pide un contacto con el móvil 2 del canal”, continúa el informe del juez sobre el contenido de la filmación.
El juez hace una afirmación en su escrito: “en el lugar no se ven huellas de un enfrentamiento”, y sigue con su descripción: “El periodista muestra una caja con municiones y unas piedras donde dice que ‘cayó un extremista’. Dice que los extremistas desbaratados ‘son terroristas subversivos del MIR’. Roberto Araya en el móvil Nº2, aparece sorpresivamente en la imagen”, agrega la descripción del magistrado.
El juez continúa mencionando que el periodista, a quien identifica como Julio López, “lee los nombres de los muertos y dice que dentro de los próximos días caerán otros grupúsculos”.

RESPALDO JUDICIAL
Cuando López negó al juez su participación ese día de noviembre de 1975 en el lugar del montaje, Lientur Escobar le insistió en que, sin embargo, la cinta existía porque así lo había admitido el canal en un oficio y él iría a revisarla.
-Bien, sobre ese oficio que me menciona del director Navarrete, entonces eso será cierto porque ahí hay archivos de las notas que yo hice entre 1974 y 1989, cuando me fui del canal nacional-, le contestó el periodista, añadiéndole que “ahora me desempeño en Megavisión”.
Las afirmaciones de “Hernán Galleguillos” están respaldadas, bajo su firma, en una declaración prestada en un tribunal en un proceso distinto al de Rinconada, y que se encuentra con sumario concluido y en etapa de plenario.
-¿Cómo cree que llegó Julio López a filmar ese falso enfrentamiento?, preguntamos a “Galleguillos”.
-Porque el siempre sabía. -¿Participó usted en el montaje de ese día?
Guarda silencio un momento y dice -Ya pues, ya le estoy diciendo que se terminó esta cuestión y no me pregunte más porque ahora me va a dar amnesia-, responde, mostrando el portón y haciendo un gesto poco amable para dar por terminada la conversación.
Sus ojos revelan que el hombre sabe más de Rinconada y otros episodios, porque en la DINA estuvo al menos dos años operativo en Villa Grimaldi y además haciendo el trabajo de la calle, según su declaración procesal.
“Les dieron muerte en Villa Grimaldi, utilizando sus cadáveres en una recreación que se hizo para la televisión, que fue transmitida en directo y que consistió en un gran despliegue de personal de la DINA que utilizaban armas de fuego”, dijo “Galleguillos” en su declaración judicial.
“Cuando terminó este enfrentamiento televisivo, mostraron las imágenes de las personas muertas, lo que fue un montaje, puesto que, como dije, ellas salieron muertas de Villa Grimaldi. Quien transmitió ese reportaje para la televisión fue el periodista de apellidos López Blanco”, agregó el ex agente al tribunal.

INFORME OFICIAL 
El comunicado de la Dirección de Informaciones de la dictadura dijo: “Hoy 19 de noviembre (1975), a las 12:00 horas, en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 30 minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”.
El texto continuó, expresando que “al mismo tiempo, fueron heridos dos funcionarios de los servicios de Inteligencia y Seguridad, con diagnóstico grave uno, y el otro menos grave”. Nunca se conoció quiénes fueron los dos heridos, ni tampoco lo registró la filmación de televisión.
En ese falso enfrentamiento fueron presentados como muertos en combate, además de Mónica Pacheco: Catalina Ester Gallardo Moreno, Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco, (comunista), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Blas Cortés Jeldres (comunista). Las otras cuatro víctimas fueron sindicadas como integrantes del MIR.
Una información publicada en la edición del 27 de noviembre de 1975 de la revista Qué Pasa, dijo: “El testimonio de Rodolfo Pavez, de 8 años, es elocuente: ¡yo los vi! Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. ‘Entre ellos había dos mujeres y los hombres las ayudaban a saltar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo'”, relata a Qué Pasa con aplomo.
De acuerdo al referido informe de la Vicaría de la Solidaridad, las personas acribilladas en Villa Grimaldi, cuyas autopsias registran impactos de bala, habían sido detenidas el día 18 de noviembre de 1975 y en la madrugada del día 19 por efectivos de la Policía de Investigaciones, acusadas de participar en asaltos. Fueron conducidos al cuartel general de esta policía en calle General Mackenna en Santiago, y desde allí llevados a Villa Grimaldi.

LA GRABACIÓN
Vanos fueron los intentos de nuestro diario para llegar a la grabación descrita por el juez Escobar en su informe de la inspección a TVN. En el canal buscaron dos veces la filmación original (el juez dice que se llevó sólo una copia), pero ya no existe.
Aunque la jefa del centro de documentación de TVN, Amira Arratia Fernández, recuerda perfectamente cuando se le hizo la copia al juez Escobar, porque estaba presente, al igual que el asesor jurídico del canal, Angel Lara Elías. Ambos son mencionados por el juez en su informe de la inspección. Amira Arratia explica que en aquel tiempo se filmaba en película, y al juez se le hizo una copia en cinta para VHS. La copia debería permanecer aún en el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago.

 

 

Procesan a ex periodista de TVN encubridor de falso enfrentamiento en la Rinconada de Maipú en 1975

Carlos Roberto Araya Silva fue expulsado del Colegio de Periodistas en 2007

Procesan a ex periodista de la televisión pública chilena (TVN) como encubridor del falso enfrentamiento de La Rinconada de Maipú, 1975

Ernesto Carmona

America latina en movimiento

http://www.alainet.org


El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó oficialmente el Poder Judicial (PJ) del Estado chileno, el 31 de enero, la investigación del ministro en visita [juez especial] Alejandro Solís Muñoz, estableció que “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de ‘Villa Grimaldi’”. Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad, pero era mentira.

“En la madrugada del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a ‘Villa Grimaldi’; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”.

“Testigos que se encontraban detenidos en “Villa Grimaldi” declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalinay Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de “un enfrentamiento” en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].

“En realidad –prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”. El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

Araya no trabajó sólo

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en el campo de torturas y exterminio “Villa Grimaldi” fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental “Rinconada de Maipú”, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”. Mientras la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”. No mostraron nada parecido huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera. Contrariando el sagrado lema “una imagen vale más que mil palabras, aquí los “periodistas” pretendieron insuflar al magín del televidente estimulación oral a capella y de lo último.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “nuevo periodismo” y ética periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%. Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

Expulsión y sanciones del Colegio de Periodistas

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden–, pidió la expulsión y censura públicade Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso “Operación Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”. El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119” y hermano de una de las víctimas.

¿Quién es Carlos Roberto Araya Silva?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país. Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798, que concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), autor de la iniciativa concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían. La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN. Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

Araya, torturador

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros. Señala que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida”.

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos”.

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…

– Ernesto Carmona Ulloa, periodista y escritor chileno, dirfector del Círculo de Periodistgas de Santiago y Secretario ejecutivo de CIAP-FELAP